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La Política Internacional de Felipe IV

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Las negociaciones anglo-españolas no pasaron inadvertidas para Enrique IV de Francia. Entre este reino y España existía una situación de paz nominal desde que en 1.598 firmaran el tratado de Vervins, pero la realidad ponía de manifiesto la pervivencia de mutuas actuaciones hostiles encubiertas o "subterráneas" que ambas partes no dudaban en echarse en cara. A la parte española dolían especialmente las ayudas que los franceses hacían —en dinero, hombres o armas— a la República holandesa, la asistencia oculta a Inglaterra realizada antes de la firma del tratado de Londres o las ocasionales interrupciones del tráfico por el paso del Val de Chézery prevenido en la paz de Lyon de 1.601 —que impedían al Rey Católico enviar tropas desde Milán a los Países Bajos a través de la zona occidental de los Alpes y el Franco-Condado—. Enrique IV no dudó incluso en obstaculizar las conversaciones de paz hispano-inglesas, mas cuando la conclusión positiva de las mismas parecía inevitable cambió de táctica y trató de limar asperezas con España con el único objeto de obtener de ella un tratado de comercio similar al de los ingleses. El embajador Rochepot trabajó para crear un clima distendido y de entendimiento, y, finalmente, el tratado comercial franco-español se concluyó en octubre de 1.604.

Si las circunstancias internacionales ofrecían una oportunidad excelente para asestar un duro golpe a las Provincias Unidas, el afán expansivo-comercial de éstas y sus recientes éxitos en el Caribe, África occidental y Extremo Oriente daban el principal motivo para ello. A la Monarquía española preocupaban sobremanera los nuevos frentes que en regiones ultramarinas pertenecientes a su ámbito de influencia abrían los holandeses con creciente osadía. Por un lado, su necesidad de sal para mantener y desarrollar la industria de salazones, pesquera o naval y la imposibilidad de obtenerla fácilmente de las grandes salinas de la Península Ibérica había provocado que dirigieran sus naves hacia América con el fin de obtener allí el preciado mineral. Habían instalado su centro de operaciones alrededor de la gran salina de Araya —en Cumaná, actuales costas del oriente venezolano— y desde 1.599 llevaban a efecto expediciones salineras de importancia, actividad que pronto fue implementada por el ejercicio del tráfico manufacturero y acarreo de materias primas en los tornaviajes. La incómoda presencia neerlandesa, empero, se hacía sentir principalmente en las Indias orientales. La presencia de sus barcos en esta zona comenzó en 1.598, cuando la flota del almirante Neeck acudió en busca del clavo y otras especias de las Molucas. La fundación en 1.602 de la Vereinigte Staaten Ost India Companie (VOC), es decir, de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, constituyó una clara prueba de que los rebeldes deseaban explotar las posibilidades mercantiles recién descubiertas. Desde la perspectiva del gobierno hispano, era el momento de intentar un nuevo ataque al corazón de las Provincias Unidas que lograra poner fin a un conflicto que por momentos estaba adquiriendo una dimensión mundial.

En 1.605, Spínola recibió de España la extraordinaria suma de 12 millones de florines para que, con ellos, sufragara los gastos de la campaña de ese año, que había de incluir la invasión de Overijssel. Esta acción militar constituyó todo un éxito, pues se lograron tomar las importantes fortalezas de Wachtendonck, Lingen y Oldenzaal. Nuevamente Spínola visitó la corte española y, a principios de 1.606, regresó a los Países Bajos con renovados poderes y planes para llevar a cabo otra penetración en la República holandesa que se esperaba fuese decisiva. No obstante, los Estados Generales de las Provincias Unidas, algo inquietos tras las recientes embestidas llegadas desde el sur y este, habían ordenado la construcción de una cadena de fuertes de madera unidos por un terraplén continuo de tierra, que se extendía a lo largo del río Ijssel desde el Zuiderzee hasta Arnhem y desde allí seguía por la orilla norte del Waal hasta Tiel. Esta costosa obra defensiva, que recorría una distancia de más de 240 kilómetros, fue realizada durante el invierno de 1.605 a 1.606, suponiendo un serio obstáculo para las intenciones de avance de Spínola. Aunque finalmente el ejército español consiguió cruzar el Ijssel, no fue capaz de penetrar tan profundamente como había previsto, por lo que los únicos resultados materiales de la campaña fueron las tomas de Groenlo y Rheinberg, de gran valor estratégico en tanto aseguraban el control de la frontera oriental neerlandesa, pero que no cubrían las expectativas que se habían creado.

Parece que estos nuevos esfuerzos de la Corona española fueron excesivos, ya que, al finalizar la campaña de 1.606, una significativa parte del ejército de Flandes se amotinó debido a los habituales atrasos de sus pagas. En Madrid se volvió a discutir sobre la imposibilidad de seguir manteniendo en los Países Bajos un ejército de 50.000 soldados, que suponían unos gastos anuales de unos 9 millones de florines, sobre todo cuando el moderno sistema de fortificaciones defensivas de las ciudades —conocido como trace italienne—, basado en el baluarte, el revellín, los terraplenes y los muros más bajos y gruesos construidos con ladrillo y cascote en vez de piedra, invalidaba el método tradicional de toma de una plaza y exigía que cualquier pequeño beneficio territorial resultase largo y costoso. El tiempo no corría a favor de España y del raudal de dinero no era algo de lo que pudiera ufanarse, de manera que la llegada de correos que informaron de que el archiduque Alberto había negociado un alto el fuego de ocho meses con los holandeses en abril de 1.607, tras unos contactos secretos respaldados por Felipe III, fue recibida con un suspiro de alivio, sólo enturbiado por una indignación contenida al conocerse que aquél había admitido como premisa conceder en nombre de éste la independencia a la República sin obtener por escrito la esperada contrapartida de su evacuación de las Indias. La noticia, en todo caso, no pudo llegar en mejor momento debido a que, en noviembre de ese mismo año, la Corona española, incapaz de saldar sus deudas y de conseguir nuevo crédito, se vio obligada a declararse en bancarrota.

En Madrid creció el interés por llegar a un acuerdo de paz o, en su defecto, a una tregua a largo plazo con los rebeldes neerlandeses. El armisticio, y su consiguiente ratificación por el Rey Católico, había paralizado momentáneamente las hostilidades y era el momento de entablar negociaciones que resolvieran el conflicto de una forma definitiva o, al menos, ofrecieran un paréntesis temporal aceptable al mismo. Felipe III, Lerma, los archiduques Alberto e Isabel, el propio Spínola y la mayoría del Consejo de Estado se mostraron favorables a ello, pues así lo exigía la realidad de los motines en el ejército de Flandes, el colapso financiero de 1.607, el cansancio de una guerra que duraba ya más de 30 años y parecía no tener fin, la auténtica sangría de dinero, vidas y energías que generaba, las dificultades económicas de los Países Bajos leales a España en tanto centro del teatro de operaciones, la amenaza potencial cada vez mayor representada por una Francia beligerante o los riesgos para el Mediterráneo hispánico producidos por la no menospreciable fuerza de los berberiscos del norte de África, que incitaba a trasladar objetivos y recursos a este tradicional escenario de rivalidades. Después de no pocos abatares y forcejeos y de la intervención como mediadores de ingleses y franceses, el 9 de abril de 1.609 se firmó en Amberes la Tregua de los Doce Años entre la Monarquía española, los Países Bajos meridionales y la República holandesa.

En el momento en que se estableció la mencionada Tregua, los Países Bajos del norte comprendían las siete provincias de Holanda, Zelanda, Utrecht, Frisia, Groninga, Overijssel y Güeldres, siendo su forma de gobierno la federal. La más alta instancia de la República eran los Estados Generales, con sede en La Haya, en los que cada provincia disponía de un voto. Otros dos elementos fundamentales de su sistema político eran el Gran Pensionario, principal funcionario civil y político, y el estatúder, que mandaba las distintas fuerzas militares. Durante el periodo de negociación de la tregua, ocupaba el cargo de Gran Pensionario Johan van Oldenbarnevelt, mientras que el indiscutible jefe militar de las Provincias Unidas era Mauricio de Nassau. Sus posicionamientos estuvieron en gran medida enfrentados. El primero representaba a una facción apoyada fundamentalmente por los grandes comerciantes, empresarios y oligarcas de la Provincia de Holanda —núcleo de la nueva organización política—, partidarios de una paz con los españoles que iba a reforzar de forma indudable su hegemonía en el transporte de mercancías entre el norte y el sur de Europa, mientras que Mauricio de Nassau, cuya base de poder e influencia era la milicia y la guerra, representaba a una facción que obtuvo su apoyo de ciertos sectores minoritarios del patriciado urbano, particularmente de la Provincia de Zelanda y la ciudad de Amsterdam, del clero calvinista y de quienes participaban en el interés colonial, partidarios de la continuación del conflicto contra España como forma de autoafirmación de la República emergente. Sólo el triunfo de las tesis moderadas y pacifistas de Oldenbarnevelt, que veía en el desarrollo de la guerra de los últimos años "poca gloria y muchos gastos", propició por parte neerlandesa el advenimiento de la Tregua de los Doce Años.

Las circunstancias fueron idóneas para que el partido de la paz holandés resultara victorioso frente a los extremistas. Por un lado, la conclusión de la paz entre Felipe III y Jacobo I de Inglaterra en 1.604 había aislado peligrosamente a la República y había abierto el canal de la Mancha a la navegación española, todo ello en un momento en que el poder de la Monarquía hispánica seguía percibiéndose vívidamente tras las últimas campañas de Spínola. Por otro, el embargo del comercio holandés decretado desde Madrid en 1.598 estaba dando sus frutos al reducir significativamente una provechosa fuente de beneficios de las Provincias Unidas, al tiempo que sus importantes competidores —ingleses y franceses en 1.604, la Hansa en 1.607— firmaban ventajosos tratados comerciales con España que les posicionaban de forma envidiable para llevar a cabo la pugna por el mercado. Además, el presupuesto militar de la República se había duplicado en los últimos diez años ante la necesidad de equiparar su ejército al de Flandes, llegando a superar el gasto medio anual realizado entre 1.604 y 1.606 la desmesurada cantidad de 10 millones de florines, que parecía imposible mantener mucho tiempo más por un país pequeño de un millón y medio de habitantes con una deuda que no hacía sino crecer. Finalmente, desde 1.607 España había parecido admitir de hecho —por primera vez— la existencia de las Provincias Unidas como una comunidad libre e independiente, lo que eliminaba un punto muy importante de fricción ante unas posibles negociaciones. Tanto es así, que en el artículo 1 de los 38 de los que constaba el Tratado por el que se estableció la Tregua de los Doce Años, la Corona de España y los archiduques Alberto e Isabel manifestaban que "tienen por bien de tratar con los referidos Señores Estados Generales de las Provincias Unidas, como con países, provincias, y estados libres, sobre los cuales no pretenden nada [...]".

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